Long Beach atraviesa una profunda crisis de vivienda que está desplazando a residentes de larga data, erosionando la estabilidad comunitaria y exacerbando las desigualdades raciales y económicas. Los alquileres suben mucho más rápido que los ingresos. Ser propietario de una vivienda está fuera del alcance de la mayoría de las familias trabajadoras, los recién graduados y los jóvenes profesionales. La protección de los inquilinos sigue siendo fragmentada y poco aplicada. Mientras tanto, los propietarios corporativos y los inversores especulativos continúan consolidando el control sobre el parque de viviendas de la ciudad, impulsando el desplazamiento, aumentando los alquileres y convirtiendo viviendas de larga data en activos generadores de ganancias.

Estas presiones se intensifican ante la proximidad de eventos mundiales como la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028 —donde Long Beach albergará varios eventos—, lo que previsiblemente agravará la situación del mercado inmobiliario de la región. En las ciudades que han acogido eventos de gran envergadura, se ha disparado la conversión de viviendas en alquileres a corto plazo, lo que reduce la disponibilidad de viviendas a largo plazo y fomenta el desplazamiento de residentes en comunidades de bajos ingresos.

Este informe propone una nueva estrategia cívica basada en dos pilares: (1) la protección de los inquilinos en la actualidad y (2) la creación de un ecosistema de vivienda asequible y sostenible para el futuro. Inspirándose en las mejores prácticas de California y de todo el país, describe medidas audaces pero prácticas que Long Beach puede adoptar para estabilizar los barrios, frenar el desplazamiento e invertir en una nueva generación de alternativas de vivienda social. Hacemos un llamado a la acción mediante la implementación de las siguientes políticas, que se detallan en el informe.